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¿Puede un inmigrante indocumentado cobrar por daños causados por un accidente de tránsito?

La confusión en este tema surge de problemas que se pueden presentar cuando un inmigrante indocumentado intenta negociar con una compañía de seguros. La mayoría de las aseguradoras requieren una gran cantidad de información por parte de las víctimas, incluyendo un número de seguro social, antes de efectuar los pagos. En algunos casos, las compañías de seguros usan la falta de un número de seguro social para negar el pago. Si la víctima desconoce la ley, es posible que desista de presentar una demanda.

¿Qué Pasa Con El Número De Seguro Social?

La falta de un número de Seguro Social no afecta el derecho de un inmigrante indocumentado a recuperar gastos médicos. El inmigrante debe decirle simplemente a la compañía de seguros que no puede proporcionar un número de Seguro Social y que Medicare no cubre los gastos. En esos casos, la compañía de seguros debe procesar el reclamo sin estas consideraciones. Si una compañía de seguros intenta negar el pago por la falta de número de Seguro Social, los derechos del inmigrante serían violados y la persona debería consultar a un abogado inmediatamente.

Sin embargo, no tener estatus legal y de trabajo documentado tiene consecuencias a la hora de recuperar los daños en caso de un accidente automovilístico. Si es indocumentado, un inmigrante no puede comprobar el monto de los salarios ganados en Estados Unidos, ya que técnicamente no está legalmente autorizado a trabajar aquí. Por lo tanto, una demanda contra la persona responsable del accidente que incluya salarios futuros puede ser difícil de comprobar.

¿Un Inmigrante Indocumentado Se Metería En Problemas Por Presentar Una Demanda?

Como en cualquier acción judicial, el nombre, al igual que cualquier otra información personal de una persona, se pueden daconocer públicamente cuando la persona presenta una demanda por daños y perjuicios contra otro conductor. Sin embargo, esto no le da a ninguna entidad del Sector Pùblico o del Gobierno el derecho a buscar inmigrantes indocumentados examinando documentos judiciales.

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